El Gobierno de Estados Unidos endureció su estrategia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al anunciar nuevas sanciones económicas y emitir una alerta dirigida al sistema financiero sobre las operaciones ilícitas de la organización criminal, a la que señala de diversificar sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico.
El Departamento del Tesoro informó que, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), fueron sancionados dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas vinculadas a los sectores del transporte, servicios financieros e inmobiliario, presuntamente relacionadas con una red dedicada al robo y contrabando de combustible.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta estructura criminal habría desarrollado un esquema para evadir impuestos en México mientras obtiene ingresos por decenas de millones de dólares anuales, recursos que, según la investigación, fortalecen las operaciones del CJNG.
Como parte de las acciones, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta a bancos e instituciones financieras para que refuercen la vigilancia sobre operaciones sospechosas relacionadas con el contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México, una actividad que estaría ligada a mecanismos de evasión fiscal y lavado de dinero.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que estas medidas reflejan la evolución de los grupos delictivos mexicanos, los cuales han ampliado sus actividades ilícitas para incrementar sus ganancias.
“Las acciones de hoy evidencian hasta qué punto los cárteles mexicanos han expandido sus operaciones más allá del narcotráfico tradicional para financiar sus organizaciones criminales, responsables también del tráfico de drogas que continúa causando miles de muertes en Estados Unidos”, expresó el funcionario.
Las autoridades estadounidenses destacan que el CJNG se ha consolidado como la organización criminal con mayor presencia territorial en México. De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), el grupo opera en 21 de las 32 entidades del país, superando al Cártel de Sinaloa, cuya presencia se estima en 19 estados.
El endurecimiento de las medidas forma parte de la política de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump, quien el año pasado designó al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros cinco grupos delictivos mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, con el objetivo de ampliar las herramientas legales y financieras para combatir sus operaciones.