Lo que comenzó como la desaparición de tres jóvenes en el bulevar Bahía terminó destapando una investigación que apunta directamente a integrantes de las corporaciones de seguridad.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la detención de cuatro policías en activo, tres pertenecientes a la Policía Municipal de Othón P. Blanco y uno a la Policía Estatal, señalados por su probable participación en la desaparición forzada de tres jóvenes y por presuntamente entregar a una de las víctimas a integrantes de un grupo delictivo.
Los agentes fueron identificados como José Gerardo “N”, Ángel Israel “N”, José Rogelio “N” y Ana Karen “N”. De manera preliminar, enfrentan acusaciones por desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y robo de vehículo.
Los hechos se remontan a la madrugada del 29 de agosto, cuando los tres jóvenes fueron interceptados en el bulevar Bahía de Chetumal.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los policías habrían intervenido a una de las víctimas que circulaba en un vehículo y posteriormente presuntamente la habrían entregado a integrantes de un grupo delincuencial.
Horas después, dos de los jóvenes fueron liberados, mientras que el tercero fue localizado la noche del 31 de agosto, con señales de haber sufrido agresiones físicas. Los tres fueron encontrados con vida.
Tras reunir elementos de investigación, la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra los cuatro agentes, las cuales fueron cumplimentadas por elementos de la Policía de Investigación con apoyo de corporaciones estatales y municipales.
Los policías fueron puestos a disposición de un juez de control, quien les impuso prisión preventiva mientras continúa el proceso para determinar su situación jurídica.
El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, advirtió que las autoridades no permitirán que servidores públicos utilicen su cargo para abusar de la ciudadanía o convertirse en posibles cómplices de organizaciones criminales.
De acuerdo con la Fiscalía, los delitos que se les imputan podrían alcanzar una pena superior a 50 años de prisión en caso de que sean encontrados penalmente responsables.
Por ahora, los cuatro agentes permanecen bajo proceso y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad conforme avance la investigación.