Acusan fraude en venta de tierras al gobierno federal
Su descontento obedece a la presunta opacidad con que sus autoridades ejidales negociaron la entrega de poco más de 27 hectáreas del ejido a un precio que, a decir de ellos mismos, está muy por debajo de lo que se ha pagado por similares extensiones a Maxcanú y a Bécal, este último en el vecino estado.
Fernando May Sosa, quien coordina las acciones del grupo inconforme, reiteró en entrevista con el Diario que la solución al problema está en las manos de Fonatur, que tiene a cargo este proyecto federal.
La dependencia debe realizar un nuevo avalúo de las tierras entregadas por el ejido al Tren Maya, para que se pague por ellas un precio justo.
El entrevistado subrayó que la asamblea ejidal que el comisario Fabián Yerves Huchin convocó para este sábado 6 de noviembre a las 10 horas carece de toda legalidad. Para empezar, será en un día en el cual muchos ejidatarios no están en Halachó, pues se encuentran laborando en otros puntos del estado o de la Península.
“Es una trampa, un contubernio entre el comisario ejidal, Fonatur y la Procuraduría Agraria, una forma de justificar el fraude de las tierras”, indicó.
“Nosotros ya expusimos las condiciones. Primero, una asamblea convocada por la Procuraduría Agraria, no por la autoridad ejidal, para que el comisario rinda cuentas de la situación y sea removido del cargo”, dijo.
“Segundo, que se acuerde la realización de un nuevo avalúo de las tierras, pues ha sido muy poco lo que se ha pagado por ellas comparado con lo que recibieron ejidatarios de Maxcanú y Bécal, municipios vecinos”.
“Fonatur tiene la solución al conflicto en sus manos, pero quiere hacerlo a través del comisario, ahí es donde nos damos cuenta de que no se busca el bienestar de los ejidatarios, sino protegerse entre ellos para defraudar al ejido con el pago de las tierras”.
“No permitiremos que se realice la asamblea convocada para el sábado porque a todas luces es ilegal, lo más lamentable es que se está convocando con el visto bueno de la Procuraduría Agraria y Fonatur”.
“Ya se lo habíamos planteado también a la delegada de la Procuraduría Agraria, Rita Chuil, queremos que el comisario rinda cuentas y luego sea removido del cargo porque no puede, no tiene cómo demostrar la venta de las tierras, porque nunca se realizaron asambleas para aprobar este asunto”.
