La magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, Lilia Isabel Ochoa Muñoz, propinó otro golpe a la mafia agraria al dictar una sentencia favorable a vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre.
En resolución que emitió hace dos semanas, la abogada Ochoa declaró improcedente la restitución de tierras que demanda el núcleo agrario Chuburná.
Mediante ese proceso, el ejido de Chuburná, asesorado por una exfuncionaria de la Procuraduría Agraria, exigía dinero a los propietarios de casas en ambos fraccionamientos para no continuar los juicios.
La lucha jurídica comenzó en 2017, con las demandas de los ejidatarios de Chuburná. Una primera sentencia del TUA, entonces a cargo de Antonio Luis Betancourt Sánchez, benefició a la parte actora y los colonos interpusieron el recurso de revisión.
Evidencia la actividad de una mafia
La magistrada Ochoa Muñoz llegó a Yucatán en junio de 2017. En los primeros meses de este año exhibió la actividad de una mafia de la que también forma parte personal de oficinas del ramo agrario
En nuevo revés para la mafia agraria que opera en Yucatán, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 34, con sede en Mérida, declaró improcedentes las demandas del ejido de Chuburná contra vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre, que desde 2017 se enfrentaban a la amenaza de perder sus casas.
La resolución del tribunal es consecuencia de un recurso de revisión que interpusieron los colonos ante una primera sentencia favorable al núcleo agrario de Chuburná, que reclamó la restitución de la superficie donde hoy se asientan esos fraccionamientos.
Ante ese recurso, el Tribunal Superior Agrario, ubicado en Ciudad de México, revocó el fallo inicial en junio de 2019 y ordenó al Tribunal Unitario en Yucatán que repusiera el procedimiento.
La nueva resolución fue dictada hace dos semanas por la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, quien en junio de 2019 se hizo cargo del Tribunal del Distrito 34 en sustitución de Antonio Luis Betancourt Sánchez, involucrado en ese entonces en varias denuncias que motivaron protestas frente a la sede de la dependencia.
La sentencia que motivó el recurso de revisión de los vecinos fue precisamente del abogado Betancourt.
En su resolución, la magistrada Ochoa Muñoz expone antecedentes del caso y amplios conceptos jurídicos. Son dos los puntos medulares de la sentencia:
- 1) Es improcedente la restitución de tierras que demanda el núcleo agrario Chuburná.
- 2) Se absuelve a los demandados de las prestaciones reclamadas.
Confianza y ética
Enterados del fallo, representantes de los vecinos indicaron que el acuerdo devuelve la confianza en las instituciones y muestra la categoría ética y profesional de la magistrada Lilia Ochoa, quien desde su llegada a Yucatán se enfrentó a presiones e intereses de la mafia agraria, incrustada también en las dependencias del ramo.
Aunque el ejido de Chuburná aún tiene plazo para interponer un recurso de inconformidad, los colonos confían en que prevalezca el mismo criterio y los puntos resolutivos queden firmes.
Descalabro anterior
No es el primer golpe que la abogada Ochoa Muñoz propina a la mafia agraria. En marzo de este año, al resolver sobre los expedientes TUA 34-1049/2013 y TUA 34-001/2018, declaró nula la asamblea en que el ejido de Kanasín cedió tierras a empresarios vinculados con el “Grupo Tabasco”, que después vendieron los “derechos” a otra empresa.
Poco antes, como publicamos, la magistrada dictó insólito acuerdo en el cual exhibió, entre otras cosas, “una vergonzosa participación” de funcionarios del Tribunal Unitario en los casos de Vista Alegre y del Arco. Indicó que se coludieron con empleados de otras instancias en perjuicio de vecinos de ambas unidades habitacionales.
La resolución también dejó en evidencia una serie de irregularidades cometidas por los ejidatarios para obtener dinero de los colonos al reclamar como suyas las tierras de dichos fraccionamientos. Su único propósito era económico.
Abogada, señalada como la “cabecilla”
Se mencionó como cabeza visible de esa mafia a la abogada Rebeca María Buenfil Méndez, quien fue funcionaria de la Procuraduría Agraria. Al convertirse en asesora de los ejidatarios de Chuburná utilizó información privilegiada para ella y sus clientes.
Cuando se interpusieron las demandas en 2017, Rebeca Buenfil acudió con el actuario del Tribunal Unitario Agrario —entonces bajo las órdenes del abogado Betancourt— a entregar las notificaciones a los vecinos. De acuerdo con los afectados, en lugar de dar primero la notificación se decía a los propietarios que sus casas se encuentran en tierras de uso común y “están a punto de perderla”.
Ilegalmente, se proponía a los colonos un convenio que les permitiera pagar. Algunos aceptaron
