Las desapariciones de personas en Sinaloa registraron un crecimiento sostenido durante la administración de Rubén Rocha Moya, al incrementarse 252 por ciento entre 2022 y 2025, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), lo que especialistas consideran un reflejo del deterioro en las condiciones de seguridad del estado.
Los registros oficiales indican que los casos de personas desaparecidas y no localizadas pasaron de 270 en 2022 a 321 en 2023, posteriormente ascendieron a 715 en 2024 y alcanzaron 951 durante 2025, la cifra anual más alta registrada en su gestión.
Desde el inicio de su gobierno, el 1 de noviembre de 2021, y hasta el 2 de mayo de 2026, cuando solicitó licencia al cargo, fueron reportadas 5 mil 26 personas desaparecidas en la entidad. Del total, 2 mil 553 continúan sin ser localizadas, mientras que 2 mil 473 fueron encontradas; de estas últimas, 413 fueron halladas sin vida.
Incluso durante los primeros cuatro meses de 2026, antes de su salida del gobierno, la CNB contabilizó otras 244 personas desaparecidas y no localizadas.
Tras la licencia de Rocha Moya, la gubernatura quedó a cargo de Yeraldine Bonilla Valverde. En los primeros dos meses de la nueva administración se han reportado 149 desapariciones, de las cuales únicamente 21 personas fueron localizadas, mientras que 128 permanecen desaparecidas.
Especialistas advierten que el incremento de estos casos está relacionado con la expansión de la violencia ligada al crimen organizado. La experta en seguridad y migración Eunice Rendón señaló que las desapariciones están asociadas a la disputa entre grupos delictivos, el control territorial, el reclutamiento forzado, la impunidad y las deficiencias institucionales para prevenir e investigar estos delitos.
Afirmó que el aumento registrado durante la administración de Rocha Moya constituye un indicador del deterioro de la seguridad pública y del fortalecimiento de las organizaciones criminales en distintas regiones de Sinaloa.
En el mismo sentido, Julia Ramos, académica especializada en violencia y derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que el comportamiento de las cifras evidencia un deterioro acumulado que trasciende los enfrentamientos recientes entre grupos criminales.
La investigadora sostuvo que el crecimiento constante de las desapariciones refleja la incapacidad de las instituciones responsables de prevenir, investigar y atender estos casos para responder al avance de la violencia en la entidad.
El contexto cobra mayor relevancia debido a que Rubén Rocha Moya es requerido por autoridades de Estados Unidos, que han solicitado su extradición por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entretanto, las cifras oficiales continúan mostrando que la crisis de desapariciones permanece como uno de los principales desafíos en materia de seguridad y derechos humanos en el estado.